viernes, 22 de agosto de 2014

Fuerzas de seguridad hondureñas criminalizan observadores de derechos humanos internacionales

Foto G. Trucchi (Archivo)
Comunicado

Una delegación internacional de once personas, incluyendo observadores de derechos humanos de Estados Unidos y Canadá y un periodista de The Nation, visitaron varias regiones de Honduras entre el 11 y 20 de agosto del 2014, tomando testimonios de violaciones de derechos humanos y realizando entrevistas.  Miembros de la Red de Solidaridad con Honduras, lo cual consiste de más de treinta organizaciones de Estados Unidos, formaron parte de la delegación.

Del 13 al 15 de agosto, nuestra delegación visitó varias comunidades campesinas en el Bajo Aguán y documentó violaciones a derechos humanos atribuidas a las fuerzas estatales hondureñas y la Corporación Dinant. Estas violaciones, basadas en testimonios personales de las víctimas, incluyeron un desalojo violento de la comunidad de La Panamá por las fuerzas armadas hondureñas el 3 de julio de 2014, con gases lacrimógenos, balas, y agresión física en espacios públicos cerca de casas y escuelas. 

Un hombre murió, dos fueron gravemente heridos, varios fueron golpeados, y siete fueron detenidos dentro de sus casas, acusados, y luego fueron puestos en libertad. Varios testimonios hicieron hincapié en el rol directo de las fuerzas militares hondureñas en propiedad privada de Dinant (...).

Al día siguiente, nuestra delegación fue acusada por el Coronel Germán Alfaro de la FUSINA de “alentar a los campesinos a lanzar ataques” y “causar dispersión” en la región. También dijo que nuestra delegación estaba siendo investigada por estar en “un área prácticamente restrictiva del país.” (...).

Denunciamos estas acusaciones y difamación en la prensa como parte de un plan estratégico sistemático para amenazar, criminalizar, y silenciar la documentación de violaciones de derechos humanos de observadores nacionales e internacionales y periodistas.

La necesidad de exponer las violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán es urgente y las violaciones que nosotros escuchamos en La Panamá y en el Aguán son similares a otros que han sido ampliamente documentados por organizaciones de derechos humanos como Rights Action, Human Rights Watch, y el Grupo de Trabajo sobre el uso de Mercenarios de las Naciones Unidas.  

(...) Acusaciones sobre abusos y violaciones cometidas por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant contra comunidades campesinas en el Aguán motivaron a la IFC, el brazo privado del Banco Mundial, a iniciar una auditoría interna de su préstamo de 30 millones de dólares a Dinant.

Además, durante nuestra visita a La Panamá el 15 de Agosto de 2014, escuchamos tiros de bala cerca del area donde tomábamos los testimonios, y después descubrimos que cuatro miembros de la comunidad habían sido detenidos por las fuerzas militares hondureñas.  

En ese momento, notificamos a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa sobre nuestra localización y preocupación por la población de La Panamá. También estábamos muy preocupados por nuestra seguridad dado que otras delegaciones internacionales habían sufrido intimidación por parte de las guardias privadas de Dinant quienes dispararon cerca de los delegados y comunidad campesina.

La difamación y los ataques contra observadores internacionales, defensores de derechos humanos y periodistas que investigan abusos de derechos humanos en el Bajo Aguán es un intento de encubrir las violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales hondureñas y Dinant en el Bajo Aguán.  

Exigimos:

1.  El cese inmediato de la campaña de criminalización y difamación contra defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y periodistas en el Aguán y otras regiones de Honduras.

2. El cese a toda ayuda económica de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, especialmente antes la documentación de abusos por parte de las fuerzas militares en La Panamá y en el valle Aguán.

3. Que la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas en el Bajo Aguán sea acompañada por una comisión independiente, imparcial, e internacional con expertos forenses para investigar asesinatos y abusos de derechos humanos.