miércoles, 9 de julio de 2014

Honduras: Invasión y migración poblacional en Zacate Grande con la llegada de las ZEDEs

Por http://zacategrande.blogspot.com

Desde la apertura del nuevo Gobierno Nacionalista, después que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) lo ratificara oficialmente como ganador de los comicios del 24 de Noviembre del año pasado, con casi 8 puntos porcentuales arriba del partido Libre (Libertad y Refundación) y con la apertura del nuevo Congrezoo, los liberales y nacionalistas han hecho un frente común, garantizando su mayor apoyo al poder ejecutivo, bloqueando cualquier intento de discusión y aprobación de proyectos de leyes o decretos presentados por la oposición.

A pesar que 37 de los 128 diputados son de Libre, se les niega la palabra en el plenario y se engavetan los proyectos como el de la derogatoria al “Paquetazo Fiscal”, el proyecto de reforma agraria integral y del anteproyecto de ley anti-corrupción que establece controles para que no se trastoquen los fondos del Estado. y obliga a cada funcionario a brindar una estricta rendición de cuentas.

La situación de violaciones a los derechos humanos van en aumento de manera general, en el informe presentado por Casa Alianza para los primeros tres meses de Gobierno, en Honduras han muerto 270 jóvenes, lo que indica un promedio de 90 muertos por mes, entre jóvenes, mujeres, niños y niñas menores de 23 años que son asesinados en diferentes masacres.

Días después que José Guadalupe Ruelas, director de Caza Alianza, organización que vela por el bienestar y la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, diera a conocer este informe, él fue detenido por la policía la madrugada del 9 de Junio frente a Casa Presidencial. De acuerdo con un primer análisis médico Ruelas sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, esto se dio tres días después de haber criticado públicamente al Estado por su complicidad en algunos de los asesinatos de niños y jóvenes.
De la misma manera, el coordinador de Comunicación de la radio comunitaria la Voz de Zacate Grande había pasado por esta misma situación el 31 de Mayo de este año, cuando fue detenido y golpeado por la Policía de San Lorenzo, Valle, que en todo momento desconoció las medidas de protección cautelar brindada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al comunicador.

Según Ruelas “nos encontramos con un Estado que no quiere escuchar las criticas ni aceptar que esta equivocado”. El presupuesto de la nación lo siguen gastando en más militarización y campañas absurdas y consumistas (Mundial de Futboll). Crean hasta un conflicto territorial por la Isla Conejo donde, a través de los medios de la empresa privada, nos plantean una guerra con El Salvador, para de esa manera poder asegurar la ejecución del megaproyecto de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), siendo su principal objetivo el control por la competencia de los puertos de Amapala y La Unión.

Empresarios de Honduras y El Salvador pretenden ahora crear “La ruta del sol”, como proyecto turístico relacionado con las Ciudades Modelos, ahora como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). De esa manera ha aumentado la militarización por la noche en las aguas fronterizas del Golfo de Fonseca. En lo que va del año ya han muerto dos pescadores, uno salvadoreño y el otro hondureño, culpando a guardias navales de los dos países.

En la comunidad de Playa Blanca de la Península de Zacate Grande continúa la persecución judicial contra los pobladores que se oponen al desalojo de 15 manzanas de tierra del caserío Puerto Sierra, que abarca 42 viviendas las cuales, por la misma ineptitud del gobierno, no han podido obtener los títulos de propiedad.

El cerro de Zacate Grande se mantiene militarizado por guardias de Miguel Facussé Barjum, quienes, al par de la Policía, han capturado en reiteradas ocasiones a niños y jóvenes que suben a buscar que comer o la medicina que están acostumbrados/as a usar.

Hay miedo en la población por la búsqueda del sustento de cada día, y a esto se suma que el 99% de la población no tiene escrituras del lugar donde viven o donde siembran, por lo cual sus tierras y pocas playas estarían expuestas a la expropiación si "su lugar es apto para la inversión", como lo dicen los considerandos publicados en la Gaceta por la creación de las ZEDE.

La salida económica, pero no a la crisis

Como planteamiento para la salida a la crisis económica que atraviesa el país se han realizado diferentes iniciativas de promoción y atracción de inversiones, entre ellas: Honduras Open for Business, Regiones Especiales de Desatrrollo (RED), Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), Concesiones Múltiples para Proyectos de Generación de Energía Limpia (Hídrica), explotación minera y la constitución de múltiples fideicomisos para “facilitar” las Coinversiones Público-Privadas (COALIANZA).

Mientras se buscaba la manera de introducir vía decreto estos proyectos, el 30 de agosto del 2013, en el municipio de Amapala, llegó Tito Oliverio Sierra proponiendo socializar el megaproyecto de  un canal interoceánico, el cual recorrería de Puerto Amapala a Puerto Castilla, con la creacion de 10 carriles hacia el Atlántico. La Isla del Tigre se convertiría en Ciudad del Puma, “con enormes universidades al estilo Massachusetts”, mencionó Tito.

Esto llenó de grandes expectativas a habitantes y empresarios que tienen sus mansiones en Amapala. En enero de este año, empresas de capital chino iniciaron un estudio de factibilidad que durará unos 10 meses, cuyo resultado se estaría presentando en octubre.

La población que habita en las comunidades del municipio de Amapala y la Península de Zacate Grande debería estar cediendo sus terrenos, y esto ha generado un gran interés en pequeños empresarios que ahora quieren comprar pequeñas parcelas de tierras al precio que sea necesario, en los lugares que ya están mapeados para desarrollar las ZEDEs.

Asimismo, grandes inversionistas de Honduras, así como expresidentes y funcionarios, han llegado al municipio de Amapala con la intención de aprovecharse de estos megaproyectos.

Más militarización, más inseguridad

Cinco años han pasado desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Junto a la represión y la censura de los primeros meses se han sumado cuatro años de ataques constantes a los derechos humanos y a los medios de comunicación. Se han realizado una serie de leyes cuyo objetivo es reforzar la militarización de la sociedad y crear mecanismos de control que afectan directamente el acceso a la información. 

Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras (Unah), lamenta el hecho de que la policía impida la difusión en los medios de comunicación del informe sobre agresiones, asesinatos y otras más formas de violencias. 

Además, el Observatorio se vio obligado a suspender la publicación del Informe mensual relativo al nivel de violencia en el país - tarea que asumía desde hace 9 años - cuando la Secretaría de Seguridad se negó a compartir sus datos. 

A eso se suma la aprobación de la ley relativa a los secretos oficiales y a la clasificación de la información pública adoptada por el Congreso el 13 de Enero de 2014, y que tiene como efecto la vulneración del derecho a la información de los ciudadanos. La ley establece que “toda aquella información referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir efectos institucionales no deseados puede tener un carácter reservado”. 

Con este texto el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), encargado de la clasificación de ciertos datos de interés público, se ve privado de su competencia.
El conflicto territorial de Isla Conejo y la muerte de un joven pescador hondureño sirvieron como aval para garantizar la militrizacion del Golfo de Fonseca prohibiéndoles a los pescadores y curileros vender sus productos en El Salvador, cuando en Honduras ya no tienen mercado. La misma militarización implementada por el Estado los obligará a traficar “y eso no es generar seguridad a la poblacion”. 

El control de la información en torno a temas sensibles, tales como las consecuencias para el medio ambiente de la extracción minera, los casos relativos a la corrupción de las fuerzas gubernamentales o también los conflictos agrarios, se maneja como política de Estado. Y más cuando la difusión de información amenaza a poderosos intereses económicos, como es el caso de la Corporación Dinant. Eso deja a radios como La Voz de Zacate Grande y a sus comunicadores expuestos al depredador de la libertad de prensa, como lo es Miguel Facussé Barjum.

A pesar que 18 de los comunicadores de la Voz de Zacate Grande son beneficiarios de medidas de protección cautelar de la CIDH, las condiciones no cambian, ni mejoran.

“Nos encontramos con un Estado que no quiere escuchar las criticas, ni aceptar que está equivocado”

“Nos encontramos ante un gobierno que,
a través de las armas y medios masivos de comunicación, nos impone sus proyectos de muerte”

“Digamos NO a las Ciudades Modelos”

“Digamos NO a las ZEDEs”