lunes, 5 de mayo de 2014

Costa Rica: Los horrores que no entraron en el informe de Chinchilla

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Por informatico.com

En su cuarto y último informe al país, la presidenta Laura Chinchilla hizo una enumeración de lo que considera grandes logros y echó la culpa del gran desprestigio de su gobierno a los medios de comunicación, que según dice le montaron “un cerco”.

El informe es totalmente omiso en autocrítica, por lo cual no contiene ninguno de los episodios que ensombrecieron su administración y sobre los que –no por hacerle un cerco sino porque eran insoslayables- la prensa publicó cada uno en su momento.

Algunas de estas  situaciones fueron heredadas de su antecesor, el ex presidente Oscar Arias, pero la mayoría se gestaron y desarrollaron totalmente en su administración.

La siguiente es una compilación de esos hechos. No están incluidos todos sino los más importantes, los que más impacto causaron en el país. Aunque nuestra memoria no los tenga todos presentes, la suma de acontecimientos fue determinando los acontecimientos políticos recientes.

Mayo de 2010

Pocos días después de iniciada la administración Chinchilla, los diputados del PLN y otros aliados, con el apoyo de la Casa Presidencial, se recetan un aumento del 60% en sus salarios, pasando de ganar 2,5 a 4,3 millones de colones mensuales. A este abuso se oponen los diputados del PAC y Frente Amplio; miles de personas salen a protestar a la calle y la presión obliga a los diputados oficialistas a retroceder en su intento.

Julio 2011

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud revela una profunda crisis financiera en la Caja Costarricense de Seguro Social que podía llevarla a la quiebra.

 Una investigación de notables revela que el anterior gobierno, de Oscar Arias, incrementó la planilla de la institución con más de 10.000 plazas, para pagar favores políticos. Esto se considera uno de las principales causas de la crisis. Se lleva a cabo una huelga general en la institución para exigir al gobierno que resuelva el problema.

Noviembre 2011

Una investigación periodística revela que una empresa brasileña y una costarricense en la que tiene intereses el ministro de Transporte Jorge Jiménez, son las que manejan el negocio de las cámaras de vigilancia en las carreteras, y no RACSA como se dijo originalmente. Son esas empresas las que se llevan la inmensa mayoría de dinero generada por las multas de tránsito más escandalosas que se han cobrado en el país. Cuando la Sala IV suspende esta enorme operación –por desproporcionada y confiscatoria-  ya miles de costarricenses han recibido multas hasta de 400.000 colones por supuesto exceso de velocidad.

Diciembre 2011


La Corte Suprema de Justicia acepta el pedido de la Fiscalía de levantar la inmunidad al diputado del PLN Jorge Angulo, para que haga frente a cargos por varios delitos, entre ellos  el de extorsión contra empresarios de la zona sur que realizaban trabajos de obras públicas en la zona. El diputado había logrado que detuvieran  las obras de construcción del colegio de Coto Brus para presionar el pago de un soborno, según las investigaciones judiciales.

Abril 2012


Un proyecto de ley salido de Casa Presidencial propone otorgar inmunidad vitalicia a los miembros de los supremos poderes: presidente, ministros, diputados y magistrados. La iniciativa causa una ola de indignación ciudadana, que ve en ella un intento de procurar impunidad a hechos de corrupción. Chinchilla se ve obligada a retirar el proyecto de la corriente legislativa.

El esfuerzo de casi dos  años de trabajo de la administración Chinchilla para lograr la aprobación de una reforma fiscal acaba en el cajón de la basura cuando la Sala Cuarta lo declara inconstitucional. Esta decisión constituye un duro golpe a los proyectos de la presidenta.

En medio de los intentos por lograr la aprobación del plan fiscal, la prensa da a conocer que el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, evadía el pago de impuestos sobre sus propiedades, que tenían un valor declarado  muy por debajo del real.

Chinchilla sale en defensa del funcionario, pero pocos días después se produce un nuevo escándalo, al revelarse que la empresa Procesos de la esposa de Herrero, Flor Isabel Rodríguez –asesora de la presidenta- obtuvo un contrato con la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) por 34.000 dólares y otro con el Ministerio de Educación por una cuantiosa suma. El contrato con Recope que era una asesoría en comunicación fue muy cuestionado porque los competidores de Procesos eran proveedoras de materiales de construcción, por lo cual la Fiscalía anunció que investigaría un posible fraude de simulación. A la fecha no se sabe qué pasó con esa investigación.

Mayo 2012

Otro escándalo. La propia presidenta da a conocer que se ha cometido un enorme fraude con fondos destinados a la construcción de la ruta 1856, que el gobierno había declarado como estratégico para la defensa nacional.

Diferentes sectores estiman que unos 20.000 millones de colones se evaporaron en contratos con empresas que no realizaron ningún trabajo o hicieron mucho menos de lo que estaba previsto, entre otras irregularidades.

Chinchilla destituye al entonces ministro de Transportes, Jorge Jiménez, y dos funcionarios de Conavi son despedidos, pero aún no se han sentado responsabilidades penales por este gigantesco robo.

El PLN saca del directorio de la Asamblea Legislativa a un bloque de partidos de oposición, fraguando una alianza con el Partido Accesibilidad sin Exclusión PASE. Para lograr su objetivo respalda el nombramiento en la Presidencia del Congreso de Víctor Emilio Granados, un diputado que años atrás fue condenado por estafa en contra de un banco estatal.

Julio 2012


Chinchilla firma la Ley de Delitos Informáticos, conocida también como “ley mordaza” que penaliza a los periodistas que, en su labor investigativa, se apoderen de documentos importantes o cuenten con informantes que revelen información política “secreta”. La ley mordaza fue promovida por los diputados del PLN. Posteriormente fue derogada por presión de los medios de comunicación.

30 de julio 2012

Es destituida la viceministra de Cultura, Karina Bolaños, por la difusión de un video íntimo. Bolaños era la esposa del diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez. El despido de Bolaños provoca una polémica, ya que algunos achacan a la presidenta actitudes machistas, mientras otros afirman que la ex viceministra abusaba de las prerrogativas de su cargo. El caso alcanza una resonancia mundial.

Agosto 2012


El Partido Acción Ciudadana denuncia que empresas nacionales y transnacionales ligadas al negocio de la electricidad  220 millones a la campaña electoral de la presidenta Chinchilla. Esas mismas empresas presionan a los diputados del PLN para que aprueben una ley que permita la apertura del mercado eléctrico nacional. Entre esas empresas está Taboga, Hidroeléctrica Lajas, Esquivel Volio, Plantas Eólicas SRL e Ingenio Quebrada Azul, donde participa el grupo Mesoamérica Investments.

Setiembre 2012

Se revela que el gerente del Banco Nacional, el liberacionista Fernando Naranjo, recibe sueldos de hasta 34 millones de colones mensuales. Esta cifra es 124 veces superior al salario mínimo de un cajero. Lo menos que ha recibido Naranjo en ese cargo, según la denuncia, es un sueldo de 15 millones de colones.

Octubre 2012


El gobierno veta la reforma al Código Procesal Laboral aprobada en setiembre por el Congreso, la legislación más progresista en material laboral aprobada en el país desde la promulgación del Código de Trabajo a mediados del Siglo XX. Los sindicatos protestan pero el gobierno no da marcha atrás.

Noviembre 2012


Miles de personas participan en una manifestación para exigir soluciones a la crisis financiera de la CCSS. La policía reprime la marcha e incluso golpea a dos diputados del Partido Acción Ciudadana (Claudio Monge y Carmen Muñoz), lo cual genera nuevas manifestaciones de protesta.

La destitución del magistrado de la Sala Constitucional Fernando Cruz, con el argumento de que no comparte puntos de vista con el oficialismo, genera un movimiento nacional de protesta al que se suman los funcionarios judiciales, sindicatos, organizaciones ambientalistas, estudiantes y ciudadanos en general. Tras una enorme manifestación en San José, los diputados del PLN y sus aliados echan atrás y la Sala Constitucional ratifica posteriormente a Cruz en el cargo.

El presupuesto enviado por el gobierno a la Asamblea Legislativa para el 2013 incluye una cifra astronómica de 31.000 millones de colones para el pago de consultorías, un mecanismo utilizado por el gobierno para pagar favores políticos y favorecer a familiares. Es la cifra históricamente más alta para este tipo de gastos, en medio de una aguda crisis fiscal de la que el mismo gobierno se queja.

Diciembre 2012


Los partidos Liberación Nacional, Unidad Socialcristiana y Movimiento Libertario se pusieron de acuerdo para suspender las indagaciones que realizaba una comisión legislativa sobre las donaciones que recibieron esos partidos en la pasada campaña electoral. Entre los asuntos que quedaron pendientes se encuentra el caso de la sociedad anónima “Laura hacia el 2010” que recaudó fondos para la campaña de Chinchilla.

Abril 2013


La prensa revela que el ministro Pedro Castro ha sido asesor de la empresa  brasileña OAS a la que se adjudicó la ampliación de la ruta San José – San Ramón y que uno de los estudios de Castro para esa empresa fue precisamente los relativos a ese trabajo. Con base en dicho estudio se modificó el contrato original y se amplió la concesión de 25 a 30 años.

Una manifestación de protesta contra la concesión de la carretera San José – San Ramón a la empresa OAS, durante las celebraciones del 11 de abril en Alajuela, fue reprimida por la Policía. Algunos periodistas fueron agredidos lo que dio lugar a una protesta formal del Colegio de Periodistas.

El gobierno desiste del contrato con OAS luego de una gran movilización social en contra del proyecto, especialmente de las comunidades de Occidente, que demandaron que sea el MOPT el que se haga cargo de la obra. Las críticas iban en el sentido de que los costos de la carretera eran muy superiores al valor real y que se cargaba a los ciudadanos con tarifas desproporcionadas.

Mayo 2013


El presidente del Partido Liberación Nacional, Bernal Jiménez, dijo que “no es justo” que se le eche al PLN la culpa de las deficiencias y ererores del actual gobierno, porque la presidenta Chinchilla está gobernando al margen del partido y de su ideología. "Este es el gobierno más deficiente del que yo tenga memoria de los gobiernos de Liberación Nacional”, aseguró Jiménez en declaraciones a una radioemisora.

Se hace público que la presidenta Laura Chinchilla hizo dos viajes a Venezuela y Perú, en un avión cedido por un empresario colombiano a quien se atribuyen vínculos con el narcotráfico. El escándalo provoca la caída del ministro de Comunicación, Francisco Chacón; el jefe de Seguridad de la Presidencia, Mauricio Boraschi, y la secretaria personal de Chinchilla, Irene Pacheco. Chinchilla lamenta la situación pero no asume responsabilidad política por los hechos.

El gobierno introdujo un proyecto de reforma al Código de Trabajo para prohibir la huelga en prácticamente todos los servicios públicos, y para autorizar el uso de procedimientos sumarísimos para despedir y sancionar judicialmente a los trabajadores que participen en dichos movimientos.

El gobierno firma un contrato por 100 millones de colones con una empresa para organizar supuestos actos de rendición de cuentas.  En los actos públicos se incluía perifoneo, contratación de grupos musicales, juegos pirotécnicos, servicios de transporte, entre otros gastos. La oposición califica esto como una descarada campaña de plaza pública. Lo más criticado fue que una de las cláusulas obligaba a la empresa a mantener confidencialidad sobre los detalles de la actividad y a destruir todos los documentos relativos al contrato una vez realizadas las actividades. La denuncia del PAC sobre este contrato, obligó al gobierno a suspender el plan.

Junio 2013


La presidenta demandó a un ciudadano por una presunta difamación en las redes sociales, lo cual le generó fuertes críticas. Chinchilla amenazó con llevar a los tribunales a quien le hiciera críticas injuriosas en las redes sociales.

Agosto 2013

El gobierno tiene que echar atrás en un acuerdo entre RECOPE y la empresa china de petróleo para construir una refinería en Moín. Diversos sectores critican la falta de transparencia del proyecto, ya que los estudios de costos y factibilidad fueron elaborados por una subsidiaria de la compañía china, en vez de expertos independientes. El presidente ejecutivo de Recope, Jorge Villalobos, se ve forzado a renunciar luego de que Ottón Solís le demuestra palmariamente que había mentido sobre el proyecto.

Setiembre 2013

La Policía arremete con gases lacrimógenos como respuesta a un grupo de productores de frijol de Pérez Zeledón que hacían una demostración pidiendo al gobierno apoyo contra la competencia del producto importado. La Policía detuvo a 45 agricultores.

El PAC denuncia que los diputados del PLN trasladaron 226 millones del CNP para pagar deudas que quedaron pendientes de pago de los Juegos Deportivos Centroamericanos. Diputados del PAC dijeron que es “indignante” que se utilicen los recursos para apoyar a los campesinos para pagar los excesos cometidos por Johnny Araya desde la alcaldía.

Febrero 2014

El diputado Manrique Oviedo del PAC denunció que el contrato negociado por el gobierno con una empresa china para la ampliación de la ruta 32 (a Limón) tiene un sobreprecio de 162 millones de dólares. El debate sobre este tema sigue pendiente y tendrá que ser resuelto por la nueva Asamblea legislativa.


Fuente: informatico.com