martes, 1 de abril de 2014

Costa Rica: Nuevo caso por guerra del agua en Guanacaste

Asentamiento lleva 8 años esperando agua.

Por Mauricio Álvarez | FECON


Las guanacastecas Daniela Gómez y Mauren Cerdas viven en el asentamiento Inés Amador de Santa Cruz. Del mismo modo que sus vecinos Alex Cascante y Dayanara, el agua con la que se bañan cada mañana, en ocasiones les ensucia más de lo que les limpia. A pesar de tener 8 años luchando por tener agua limpia que calme su sed de justicia, hoy se lamentan de un nuevo retraso del acueducto que con tanta urgencia necesitan ellas y sobre todo, sus hijos e hijas.

A pocos kilómetros del asentamiento, el campo de golf de Hacienda Pinilla ha cambiado el paisaje tradicional guanacasteco. El bosque seco y las llanuras tradicionales de este precioso enclave, parecieran desprenderse de su originalidad vistiéndose de “exuberantes jardines verdes” que revisten los “18 hoyos de calidad mundial” que promociona el referido campo de golf.

A diferencia del agua con la que Daniela y Mauren cocinan sus frijoles y su arroz, las aguas con la que riegan los jardines y campos de golf y con las que llenan las piscinas de los hoteles, urbanizaciones y viviendas de lujo tan abundantes en la zona, lucen cristalinas. 

Batallas por el Agua

Entre 2007 y 2008 la provincia experimentó todo un boom inmobiliario donde las costas de Guanacaste llegaron a alcanzar el 47% de la construcción total del país y superó a San José en la cantidad de metros cuadrados de construcción (Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos). De toda la construcción residencial tres cuartas partes fueron viviendas de lujo (Cover 2007) que vinieron junto con hoteles, piscinas, campos de golf y comercios turísticos, con enormes niveles de consumo de agua, luz y energía.

En Guanacaste, sin embargo, la guerra por el acceso al agua perturba la paz y el sosiego de sus gentes desde hace muchos años atrás: en el periodo de 1995 a 2006, de los 65 conflictos vinculados con el agua en esta provincia, el 70 % de ellos estaban relacionados con negocios turísticos e inmobiliarios. Solamente en Santa Cruz se dieron 23 conflictos, 13 en Nicoya, 8 en Carrillo y otros 8 en Cañas. A finales del 2007 el Tribunal Ambiental Administrativo en su primer semestre procesó cuarenta denuncias, el 70% de los cuales correspondió a proyectos turísticos e inmobiliarios (Estado de la Nación, 2008).

Desde el 2011, SETENA registra 70 solicitudes de viabilidad ambiental para proyectos de construcción en la zona de Santa Cruz (ver tabla). En la pequeña franja de menos de 100 kilómetros que distancia Papagayo de Tamarindo, se encuentran unos 100 hoteles de playa, muchos ligados a marcas internacionales (CREST, 2011).

Aguas para los negocios

Para consolidar el modelo de grandes hoteles y urbanizaciones, se impulsaron inversiones en infraestructura como como aeropuertos, carreteras, o acueductos, lo cual no hizo sino incrementar los problemas existentes.  El ejemplo del acueducto de Sardinal es una muestra de cómo la Administración Pública actuó con gran irresponsabilidad y negligencia, incurriéndose en situaciones ilegales -violó el principio de precautorio, derecho a información y participación- para favorecer proyectos de empresarios turísticos. Con cuestionables figuras privatizadoras como el del fideicomiso, donde las obras públicas se realizan con fondos de un grupo de empresarios privados que al a postre, los sectores económicos dominantes terminan controlando el acceso al agua para el bien de sus negocios y el detrimento de comunidades como el asentamiento Inés Amador.

Es importante recordar, que Acueductos y Alcantarillados (AyA) planeó construir 4 proyectos como el acueducto de Sardinal en el área de Tamarindo con un costo de 22.77 millones de dólares antes de la crisis inmobiliaria. Proyectos como "El Jobo-Puerto Soley", "Playa Hermosa" o “Villareal.” (Semanario Universidad 12-6-2008). Y proyectos como Conchal-Nimboyores” "Villareal o Conchal”, denunciado por la organización ecologista Confraternidad Guanacasteca por beneficiar al sector turístico – inmobiliario en detrimento de las comunidades. (Ver más )

A más negocios, más pobreza y desigualdad

Para mayor tragedia, este boom de “desarrollo y construcción” no logró que la región Chorotega dejara de ser la más pobre del país con 25.733 personas en extrema pobreza (INEC, 2008) y con las tasas de desempleo más alto del país, alcanzando un 10,1%, esto es, el doble del promedio nacional (Encuesta de Hogares del 2009). En cuanto a la desigualdad social (brecha entre ricos y pobres), desde la década de los noventas la región Chorotega es una de las más desiguales del país siendo la Chorotega la segunda región con la incidencia de pobreza más alta según la encuesta de hogares del 2012.

Paradójicamente, en el 2008, el año en el que Inés Amador empezara a reivindicar el derecho de su comunidad al acceso al agua, el cantón de Santa Cruz fue el segundo cantón con más metros nuevos construidos en el país (Ver informe de CFIA). Los 100 habitantes del asentamiento, asombrados, veían como el agua alcanzaba para los hoteles y los grandes proyectos inmobiliarios, en el mismo instante en el que se distanciaba de su comunidad. Una comunidad creada en parcelas entregadas por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) que carecían de acceso al agua para vivir y menos aún, para producir.

A escasos kilómetros del glamur y el despilfarro de sistemas de vida ajenos a las realidades de las gentes guanacastecas, desde el asentamiento Inés Amador, siguen preguntándose cuando llegará el agua a sus casas: “durante los próximos 10 meses, solo tenemos para el uso diario agua de pozos cercanos a los escusados de hueco, aguas servidas y basura. Muchas reuniones, visitas, estudios, promesas y promesas durante más de 8 años y hasta el momento seguimos tomando agua muy contaminada.”

“Apartheid del agua”

El escenario sin embargo, cada vez se presenta más dramático. El informe del II Canje de Deuda por Naturaleza reveló que el 85% de las fuentes de agua para consumo humano en el país podrían perderse en los próximos años. Mientras tanto, cegado por el ruido del “desarrollo económico”, el A y A trata de enajenar la administración del agua de las comunidades, tratando de despojar la autonomía de las 53 ASADAS de Santa Cruz que hoy fungen un papel vital para la conservación de las fuentes de agua y el derecho al acceso al agua de las comunidades.

Al otro lado del camino, Daniela, Mauren y los/as demás vecinas/os del asentamiento Inés Amador, con infinita dignidad y caudalosa esperanza, están tejiendo redes de solidaridad, dignidad y amor para seguir denunciando las injusticias ambientales (Ver Carta). Su solicitud, se reduce a la construcción de al menos tres fuentes públicas de agua potable en su comunidad. Tres fuentes, que a pesar de no ostentar la elegancia que pudieran tener las piscinas de los grandes hoteles o los “exuberantes jardines verdes” de los campos de golf, permitirán colmar la sed de justicia de esta hermosa comunidad guanacasteca.

De ese mismo lado del camino estamos los/as ecologistas de este pueblo, que lejos de querer llevar este país a las cavernas al oponernos a negocios privados con el agua, nuestro compromiso se extenderá por todos aquellos caminos, trillos y trochas que se abran frente al deseo perverso de quienes quieren lucrar con el agua, bien sea en nombre del desarrollo turístico, energético o de cualquier otro tipo.

Informes con Comité de Vecinas y Vecinos del Asentamiento Inés Amador, en Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste favor comunicarse con:

Comité salud asentamiento saludasentamiento@gmail.com
Daniela Gómez, teléfono 8661 0633             
Mauren Cerdas, teléfono 8331 9293
Alex Cascante teléfono, 8425 6613
Dayanara Hernández, teléfono 8733 6710
Juan Arriaga, teléfono 8882 2516