jueves, 2 de enero de 2014

Costa Rica: El 2013 entre conflictos y movilización ambiental

Por Mauricio Álvarez | FECON

Este año quedó en evidencia la falta de políticas y de acciones en el país, que pretendan revertir las causas estructurales de la crisis ambiental que, sin dudas, nos aqueja. Esta crisis impacta de forma cotidiana los recursos de la naturaleza. Sin embargo, también nos afecta diariamente a nosotras y nosotros, seres humanos, habitantes del planeta. 

Agudización de los conflictos ambientales. A pesar de los intentos del sector, la falta de una agenda nacional de temas ambientales, la ausencia de proyectos de ley innovadores, y la ausencia de participación, han judicializado y multiplicado los conflictos socio ambientales en todo el país. Como lo evidencia el reciente Estado de la Nación, con 425 protestas y acciones colectivas solo en el actual gobierno. Por tercer año consecutivo se mantienen los máximos históricos en el número de acciones colectivas sobre asuntos ambientales: 48 en total (34 en 2010 y 54 en 2011). Reflejo del disgusto de la población por la manera en la que se lapidan nuestros recursos naturales.


En este 2013, los datos del Estado de la Nación nos desnudan una brecha social cada vez mayor. Los últimos 20 años de políticas neoliberales, hicieron que Costa Rica pasara de ser uno de los más igualitarios, a ser uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. Además, dejan en evidencia que estamos consumiendo y dilapidando anualmente mucho más recursos naturales de los que nuestro país dispone, lo cual es la muestra más grave de los desequilibrios ambientales. Estamos "comiéndonos" los recursos de las futuras generaciones. Esa es nuestra “huella ecológica” (relación entre el consumo y la cantidad de recursos disponibles por persona), la cual devela una oscura realidad, que se torna más dramática si tomamos en cuenta que no todos y todas consumimos la misma cantidad de recursos.  Además la pobreza y desigualdad en nuestro país van a significar mayor incremento de los conflictos sociales y ambientales.

Como reflejo de la agudización de las políticas neoliberales, hoy existen luchas contra la contaminación del agua por arsénico (Zona Norte y Guanacaste), contra la instalación de marinas en Golfo Dulce, megaproyectos -como el aeropuerto o Diquís - en el Sur, los impactos de los monocultivos de caña -principalmente las quemas-, y la expansión incontrolada de piña -que genera contaminación del agua, entre muchos otros problemas-. 

Lo descrito revela la falta de norte, es decir, la ausencia de una verdadera política ambiental. Otro ejemplo que permite constatar esta realidad, es el desmantelamiento de la soberanía ambiental. Situación que salta a la vista con la concesión de la carretera a San Ramón, la Trocha o la ampliación de la ruta 32. Donde se hace patente el menosprecio por los mecanismos de evaluación ambiental y la legislación vigente en esta materia, y la búsqueda de formar de evadir los controles ambientales.

Además de los que ya han sido mencionados, a continuación hacemos un repaso por otros de los principales problemas estructurales y temáticos que nos muestran un panorama del estado ambiental de nuestro territorio. Entre los que destacan la debilidad y mala gestión institucional del Estado. Iniciamos con la respuesta ante un importante resultado obtenido por el movimiento ecologista: un promedio de una declaratoria de territorio libre de transgénicos por semana; lo cual, significó contra campañas de algunas instituciones del gobierno a favor de estos cultivos y además, fuertes cuestionamientos a la autonomía municipal.

Por otro lado, terminamos el año sin una agenda de leyes para proteger el agua y la Ley de Aguas actual cumplió 71 años, más bien hay un claro retroceso al haberse presentado dos textos sustitutivos  de carácter centralista y privatizador. En el tema energético también deja mucha tela que cortar, con más de 60 represas privadas, incineradoras, refinería e extracción de gas; se pretende imponer un modelo de apertura, concesiones y de expansión hasta en los mismos Parques Nacionales.

Como si fuera poco, el tema de la expansión piñera sin límites sigue entre las principales fuentes de conflictos. Por otro lado las industrias extractivas se niegan a morir en el caso de la minería y están tomando la ofensivamente la explotación de gas. Finalmente, en el resumen del año destaca negativamente el asesinato de Jairo Mora, así como nuevas amenazas a otros ecologistas. Como aspecto positivo, destaca la propuesta de una agenda de futuro del movimiento ambiental.

Made in China ¿Qué llevo a Costa Rica a cambiar la fidelidad de seis décadas con Taiwán que estuvo  justificado, en parte,  por la brutalidad del régimen de China continental y la simpatía de nuestros gobernantes  hacia esta isla anti régimen? Algunos de los negocios que desde 2007 se han venido evidenciando explican esta decisión pragmática y económica. Repentinamente, la violación sistemática a los derechos humanos y el totalitarismo chino se vieron diluidos por un estadio, un barrio chino, represas, carreteras y una pomposa refinería.

Debilidad institucional. Las instituciones encargadas de evaluar temas ambientales, parecieran estar saqueadas y ser inoperantes. Se les ha debilitado con la intervención que se hace, por ejemplo, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) con el fin de facilitar la aprobación de las viabilidades ambientales que requieren proyectos caracterizados por la polémica. Además, de la promulgación de reglamentaciones que quedan a la medida de los empresarios y no así, de la protección al ambiente, que es interés de toda persona. Como si fuera poco, desde el Ministerio de Competitividad y el de Economía  se tiene intervenida -desde la Administración anterior- a la Secretaría. Durante el año, los ecologistas criticaron esta intromisión que dio origen a un reglamento sin la participación  frente a la intervención de Setena por lo cual, interpusieron una Acción de Inconstitucional  que fue aceptada por Sala IV  y  paraliza reforma al reglamento.

Falta de presupuesto y plazas. Para el 2014, el MINAE contará con apenas un 0,6 % del presupuesto nacional. Con este monto, deberá atender más de 25 % del territorio nacional –que se encuentra protegido-, y todas las denuncias por daño ambiental que sean de su competencia, en el resto del país. Por otra parte, el MINAE también  tiene un déficit de 800 plazas. Como si fuera poco, se recortaron seis plazas a lo interno del Ministerio, a pesar de los compromisos de aumentarlas, que fueron adquiridos tras el asesinato de Jairo Mora.

Mala gestión y castigo a la eficiencia. El más reciente informe del Estado de la Nación señala el “débil desempeño” que demuestran el SINAC, el MINAE y  la SETENA, tres entidades clave del sector gubernamental en materia ambiental. De forma ilustrativa, tenemos que para el 2012, el SINAC ocupó el lugar 155 y el MINAE se posicionó en el 146, de entre 160 instituciones públicas evaluadas por la Contraloría General de la República (CGR) mediante el índice de gestión institucional, conocido como IGI. Pero, también señala el informe, que la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad desmejoró su calificación en cinco puntos con respecto al 2011. Mientras el Tribunal Ambiental,  uno de los mejores evaluados por la Contraloría, pasa del lugar 17 en 2012 al puesto 6 para el 2013, por lo cual, se le castiga su eficiencia con una disminución presupuestaria de 35,3 millones para  ejecutar en 2014.

Esta institucionalidad ambiental ha sido incapaz, en un año, de reglamentar la nueva una Ley de Vida Silvestre, la cual fue presentada por vía del mecanismo de iniciativa popular. Entre otras incapacidades sobradamente demostradas.

Lucha contra los transgénicos. Al inicio de la campaña por “la Defensa del Maíz, en noviembre del 2012, había 8 municipios declarados libres de transgénicos. Mientras, que para finales del 2013 se tienen un total de 69 declaratorias, o sea alrededor de 61 municipios habían adoptado esta política. Cabe mencionar que cada una de estas declaratorias implicó movilización, conversatorios, talleres o reuniones con las organizaciones locales. La campaña comprendió visitas a los municipios por parte de la FECON, Bloque Verde y de la Red de Coordinación en Biodiversidad y un grupo amplio de activistas que incluyen miembros y colaboradores del movimiento ambiental.

Además, se realizaron 12 actividades masivas de movilización (marchas y concentraciones), entre las que destacan se la celebración de la “Semana Nacional en Defensa de la Semilla Libre de Transgénicos”, del 4 al 10 de marzo la cual, sumó más de 45 actividades simultaneas en alrededor de 25 cantones del país. Hace un año se interpuso una Acción de inconstitucionalidad (12-17013-00007-CO) que tiene detenido (aún no hay un fallo final) el otorgamiento de permisos para la siembra de transgénicos (ver resolución). En relación a esta acción la Procuraduría emitió un dictamen sobre dicho reglamento  donde determinan que, de acuerdo con su criterio, este es inconstitucional.

Aunado a lo anterior, el día mundial de la alimentación (16-10-13) diputados, académicos y ecologistas presentan proyecto de ley N°18.941 que declara una moratoria nacional a la liberación y cultivo de organismos vivos modificados (transgénicos), no restringiendo con ello la investigación científica en ambientes confinados. La Iniciativa declararía de interés público y nacional el fomento de prácticas agroecológicas y está a la espera de ser discutida por los diputados.

En otros temas de agro-biodiversidad se  Presentó el libro sobre el despojo de la riqueza biológica  y en la discusión legislativa, la Red de Coordinación en Biodiversidad y FECON recomendaron la no aprobación del  Protocolo de Nagoya y se dio la eliminación por fin del Bromuro de Metilo ; a pesar de que pudo eliminarse desde  el 2008.

La Ley de aguas cumplió 71 años. Un año más sin una agenda de leyes para proteger el agua, pese a que hay más amenazas (como la contaminación química por piñeras y arsénico). En este año, siguió predominando -sobre la agenda y la protección del agua- los intereses económicos y políticos de pocos  por encima del bienestar de toda la  población. El gobierno y sus aliados (Movimiento Libertario y el PASE) dieron un paso para desechar la Agenda Legislativa del Agua que incluye tres proyectos básicos: La reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y declara el agua como bien de dominio público, El Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico presentado mediante el mecanismo de la iniciativa popular del 2010 (Expediente N °17914)-, y El Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Acueductos Comunales (expediente N° 17742).

Estos tres proyectos llevan años siendo postergados, pero fue al final del año que el gobierno impuso dos textos sustitutivos de carácter centralista y privatizador. Con ello, se irrespeta el proyecto de Ley de Aguas  firmado por más de 170.000 costarricense y que tendría que ser votado en días próximos. Lo anterior, debido a que los proyectos que ingresan al Congreso mediante el mecanismo de iniciativa popular, deben ser aprobados o desechados mediante votación dentro de los dos años siguientes a su presentación. Esta maniobra del Poder Ejecutivo consistió en convocar el expediente de la Ley de Aguas a sesiones extraordinarias, sin embargo, para sorpresa e indignación de varias fracciones parlamentarias y organizaciones de la sociedad civil, el texto sometido a votación era diferente al proyecto de iniciativa popular. Debido a la presión ejercida, el Ejecutivo retiró el proyecto de la corriente legislativa, pero con esa acción, se reveló la estrategia de fondo: que no se logre ningún texto y que se rechace tanto la iniciativa popular y como el texto propuesto por el gobierno.

La misma suerte corrió el Proyecto de Acueductos Comunales o ASADAS pues la Comisión Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente un texto sustitutivo presentado por el AyA y el Poder Ejecutivo, desconociendo la versión original presentada en 2010 por 280 ASADAS. El proyecto buscaba fortalecer los acueductos con herramientas, un marco legal y competencias claras y equilibradas para las ASADAS, generando una alianza público-comunitaria. Esto vendría a cerrar las puertas a formas de privatización disfrazadas que en el pasado quisieron imponerse, como proyectos de urbanizaciones, proyectos hoteleros y desarrollo inmobiliario.

Expansión piñera sin límites. Culminó el proceso de la “Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Piña” denunciado por los afectados por esta actividad: “por tratar de mediatizar la resistencia social y maquillar los impactos socioambientales de las piñeras.” Antes de cualquier proceso, los afectados solicitaron tres condiciones básicas: que el sector empiece a cumplir las leyes ambientales y sociales, a no criminalizar (judicializar) mediante demandas a las comunidades o municipalidades que resisten sus impactos y que se retiren las acciones legales y políticas contra las moratorias a la expansión del cultivo de piña en Guácimo y Pococí (ver más). En el ámbito judicial, hay preocupación  por la reciente anulación (Voto 02572-13) del acuerdo del Concejo Municipal de Pococí, Nº 448 del 2012 que prohibía  las licencias municipales para la expansión de piña en el Cantón. Esta acción fue interpuesta por la Cámara de piñeros y está en estudio otro recurso de amparo por la moratoria a la siembra de piña en Guácimo en las partes altas  que corresponden a la zona de recarga acuífera.

Expansión energética privada. Una lista de más 60 proyectos -32 con elegibilidad vigente y 28 en trámite- que evalúa el ICE para la generación privada de electricidad han desatado un conflicto por todo el territorio (Ver más). Decenas de comunidades están obligadas a convivir con los problemas relacionados con la explotación ilimitada del agua por la proliferación de represas y megaproyectos de infraestructura que implican la privatización de agua sean directas o indirectas. Como por ejemplo, las intenciones de seguir con la construcción de proyectos hidroeléctricos Ayil en el río Duchí-Chirripó Atlántico, Pacuare, Savegre, Telire, Chachagua, La Tigra , Upala, Diquís, Parritón en Acosta, Parismina , Rivas de Pérez Zeledón, Talamanca y Sarapiquí. (Ver más)

De entre los casos más destacados de este año resaltan  los 12 proyectos hidroeléctricos privados en  los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, en la zona sur del país. Ante la creciente escasez y poca disponibilidad de fuentes de agua limpia, el control de los pequeños ríos ha detonado en varios conflictos, donde se disputa el recurso hídrico para el consumo humano. Esta escasez está limitando  nuevos desarrollos de infraestructura comercial o urbanística de ambos cantones. La problemática se agravó cuando el ICE adjudicó  dos proyectos (Consuelo y Monteverde II) en la licitación del ICE (N°01-2012), dándoles un año para completar el Estudio de Impacto Ambiental.

Estas comunidades y los municipios del Sur, junto con otras en la Zona Norte y el Caribe, permiten que sea posible comprender la práctica del Gobierno, que impulsa la apertura del mercado eléctrico, mientras no tiene mayor interés en aprobar una nueva Ley del Recurso Hídrico, ni en la reforma constitucional para que el agua sea un bien de dominio público y su acceso se considere como un derecho humano. Esta nueva licitación, tampoco consideró ningún ordenamiento ni otro mecanismo efectivo para definir el uso racional de las cuencas, que se emplean para la generación eléctrica. Tampoco ha tenido consideraciones hacia la garantía del agua para el consumo humano, asunto que ha provocado conflictos por el uso del recurso en diversas regiones del país. Estos proyectos son proyectos a filo de agua y pequeños embalses, en la estación seca es de esperar que disminuyan. Por lo que, no resuelvan el problema de fondo, que es la necesidad de disminuir la generación eléctrica en el verano producida a base de petróleo ( ver más).

Ante esta nueva embestida de la generación privada las comunidades han iniciado un proceso de organización en el Caribe mediante una moratoria a las represas en Zonas de recarga acuífera, el Encuentro de organizaciones locales y nacionales en la Tigra ( marzo) y un encuentro de afectados en la Zona Sur del país y un encuentro de las comunidades y organizaciones indígenas. Además de diversos foros en Dota, Acosta, Upala.

Mutilación o permutas de Parques Nacionales. Otra gran discusión se abrió cuando se intentó aprobar, sin mayor debate, el  proyecto de Ley 17680 que pretende que se autorice el desarrollo de un proyecto de geotermia en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Esta amenaza constituye un portillo para la apertura de otras actividades como plantas de generación hidroeléctrica, minería, y otras. De realizarse el proyecto, se está creando un precedente muy peligroso. De acuerdo con el área señalada en el Proyecto de Ley, ésta corresponde a una zona que es única en sus características, no existe un bosque similar por lo que, el desarrollo de esta actividad tendría consecuencias nefastas en la conservación ecológica. Este Parque  Nacional  es el más visitado  en  Guanacaste  y aporta con  $23  millones de  dólares a la economía de la zona; incluyendo también más  del  50 % del agua potable de Liberia (CINPE UNA, 2010). Un dictamen de la Contraloría confirma debilidad del Proyecto de Geotermia en Parques Nacionales. El tema ha generado una gran y evidente  oposición en distintos pronunciamientos de organizaciones, artistas y foros para discutir las implicaciones del proyecto.

Minería. Después de las amenazas y el rechazo de  muchas organizaciones ecologistas finalmente, la compañía Industrias Infinito interpondrá un arbitraje internacional. Lo que no está claro es si el gobierno va a aceptar someterse a este mecanismo de resolución alternativa de conflictos y el costo que acarearía para el país. En Canadá existe un importarte movimiento que rechaza el arbitraje y las intenciones de Industrias Infinito. Hay una serie de acciones legales contra la ley y en contra el decreto Moratoria. Mientras la mina Bellavista interpuso una acción legal que busca Indemnizar o reactivar la minería en Miramar.  

Refinería, Gas y los cuentos chinos. La construcción de este megaproyecto en nuestro país ha desatado una polémica que ha incluido dudas financieras, legales, falta de licitación, falta de transparencia e información. Entre las dudas ambientales está el retraso que implicaría para el desarrollo de energías alternativas profundizar nuestra dependencia de combustibles fósiles. La preguntas en ese sentido sería ¿por qué no invertir esos recursos en un transporte público (que incluya metro urbano y reactivar el tren a Limón para eliminar gran parte del transporte contaminante particular) o proyectos de energías renovables? (Ver más)

Una de las grandes dudas es que a pesar de los cuestionamientos del proyecto y dudas sobre el esquema final, RECOPE anunció que ya tiene aprobado el estudio de impacto ambiental del proyecto. Esto último implicaría una violación a la legislación ambiental pues se aprobó un proyecto que no parece ser el proyecto final. Además los ecologistas platearon una solicitud de investigación en el marco de la aprobación del Estudio de Impacto ambiental y un proceso de nulidad por las omisiones en ese sentido.

El proyecto la refinería es el señuelo para explotar gas y petróleo. El “des-negocio” o la estafa que se propone en relación al refinería china en Costa Rica no se puede explicar más que por el negocio que viene amarrado con la explotación de gas en el Norte y El Caribe. Esto queda en evidencia en el acuerdo con la compañía estatal china China Nacional Petroleum Corporation (CNPC) para construir una mega refinería firmado en el gobierno de Óscar Arias en 2007 donde se  incluye la posibilidad futura de exploración petrolera en Costa Rica con Petrochina (Ver acuerdo)

En el tema del gas y petróleo también llamaron la atención el gran lobby que está haciendo las compañías que incluyó la visita de Obama y la defensa de los interese de la compañía Mallon que también sufrió un nuevo revés legal que agota la vía legal en nuestro país. También en los últimos meses, la presidenta y el candidato oficialista pusieron “gas” a la posible explotación de gas natural en el país (Ver más). Finalmente en este tema, en el contexto de las tensas relaciones oficial entre Costa Rica se trató de revivir nuevamente el conflicto por petróleo en la frontera por un petróleo, que no se sabe si existe y en unos límites aún no están oficializados por ambos países (ver más).

Incineración de desechos un nuevo conflicto. La propuesta de generar energía a partir de los residuos generó el interés de 50 empresas de 20 países pero en este momento son 12 proyectos los que avanzan en Belén de Carillo, Cañas, Abangares, Parrita, San Carlos, La Garita, Atenas, Los Mangos, Gran Área Metropolitana,  Barranca, León Cortés, Goicoechea. Estos se unen a los dos existentes en  El Tejar de Holcim, Colorado de Abangares de CEMEX (ver más detalle). La producción de energía mediante el procedimiento de gasificación o incineración ha sido cuestionado en muchos países por considerarlo por ser insostenible, no renovable, intensiva en carbono, contribuyente al cambio climático, reduce el reciclaje y el retrasa las propuestas integrales que puedan llegar a la producción de cero basura.

En el caso del proyecto de Barranca, tras meses de protestas, manifestaciones y acciones legales, los vecinos lograron que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) archivara el proyecto  (ver más ). Otra lucha importante la encabeza el Movimiento en contra de la construcción de una incineradora de basura en la comunidad de Rio Grande de Atenas (ver más). Más de 90 personas y organizaciones nacionales e internacionales acompañadas por 155 vecinos de Barranca firmaron una petición a la Ministra de Salud para solicitar que no otorgue el permiso a la producción de combustibles derivados de residuos (CDR) y que se elabore y presente un Proyecto de Ley, que prohíba la incineración de plásticos por constituir una amenaza directa a la salud pública y ambiental (ver petición).

Infraestructura vrs ambiente. El mal manejo del gobierno en proyectos claves de infraestructura ha caído uno por uno plagados de errores, de ilegalidad y de abusos. Entre ellos la refinería, la Marina de  Moín, frente a la soberanía ambiental se debilitando con concesiones como la carretera a San Ramón. Mientras se le sigue apostando a proyectos de alto impacto socio-ambiental como Aeropuerto de Osa. Un buen caso de estudio es en el de Moín donde los megaproyectos ponen el riesgo las tortugas. Un proyecto que ocupo la atención de la agenda ambiental es el Megapuerto de Moín donde se han presentado observaciones de fondo sobre el impacto ambientalen la parte social por el Colegio de Sociología  y la Defensoría de los habitantes

Nuevo asesinatos, atentados y demandas. Con el trágico asesinato de Jairo Mora se llega a nueve activistas muertos, cuyos asesinatos han quedado en la impunidad en los últimos 20 años. Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 activistas comunitarios (ver más).

Luego del asesinato de Jairo vinieron nuevamente amenazas de muerte contra conservacionistas en el Refugio de Vida Silvestre Caletas en Guanacaste y contra guadaparques del Parque Nacional Isla del Coco. El Minae denunció a un cazador que hirió con arma blanca a un voluntario que les acompañó en una acción contra la cacería ilegal en Palmichal de Acosta. Don Alcides Parajeles sufrió un nuevo atentado en Osa, asimismo fue agredida la ambientalista Vanessa Lizano, compañera de Jairo Mora. También aumentaron los casos de asesinatos de ecologistas en la Región. 

Hubo nuevas demandas contra activistas, como fue el caso de la defensora del agua Eunice Contreras del Comité Pro-defensa y conservación del Agua, mientras que fue absuelto el colaborador de El País.cr ante demanda de vicealcaldesa de Carrillo. En el caso del profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolás Boeglin la Sala III confirmó absolutoria por la demanda interpuesta por la compañía minera Industrias Infinito.

Las declaraciones del Ministro de Planificación en La Nación del 17-11-13 mostraron una clara intención, una vez más, de contribuir a la estigmatización, intolerancia y criminalización de los movimientos sociales, necesarios para lograr justicia social y equilibrio de poder. Ante ello un amplio colectivo de organizaciones sociales y ambientales reprocho ese tipo discurso de intolerancia social, se busca desviar la atención de los verdaderos responsables del estancamiento del país.

Contra la impunidad: la verdad. Ante estos graves hechos de violencia e impunidad, a los que se suma el asesinato de Jairo Mora, los grupos ecologistas lanzamos la propuesta de crear una “Comisión de Justicia y Verdad Ambiental” para documentar atentados y proponer un fuero especial para los defensores del ambiente. El Gobierno no solo se ha negado a poner en marcha esta Comisión, sino que ahora suma a través de Gallardo, más estigmatización, intolerancia y criminalización, contribuyendo a la caza y extinción de ecologistas. Esperamos que el próximo asesinato de un activista ambiental no pueda ser atribuido a este tipo de declaraciones de un jerarca institucional de nuestro país.

Propuestas. El movimiento ambiental dio un importante paso propositivo al conformar la Alianza de Redes Ambientales -ARA en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esta iniciativa une a las principales redes ambientales de este país: FANCA, ANDA, FECON y Encuentro bajo la Ceiba; en una sola voz para coordinar acciones, agendas y procesos conjuntos en favor del ambiente.

La Alianza de Redes Ambientales (ARA) inició su proceso de talleres regionales, con el fin de construir e impulsar una visión de futuro compartida en el tema ambiental, así como apoyar la articulación de los múltiples esfuerzos en defensa de la naturaleza que se llevan a cabo en toda Costa Rica. La propuesta “ARAndo sueños” fue presentada a candidatos a la presidencia en el marco de la una campaña electoral en deuda con el ambiente. Este evento se centró en avanzar en una propuesta de futuro ambiental que seguirá en construcción en el mediano y largo plazo.

A la memoria de Julio Müller, luchador ecologista de Miramar de Puntarenas que dio luchas contra la Mina Bellavista, la minería ilegal, proyectos inmobiliarios, incineradoras y otras tantas. Fue un ser humano tan sensible como crítico desde sus blogs, debates y su práctica cotidiana dio un aporte invaluable para la defensa ambiental. ¡Gracias Julio!

Fuente: FECON