lunes, 30 de diciembre de 2013

La izquierda no impulsa el derecho al aborto en América Latina

colectivosiempre.blogspot.com
Por June Fernández | eldiario.es

La 'Revolución ciudadana' que proclama Rafael Correa en Ecuador no es garante de los derechos de las mujeres. El sector oficialista partidario de avanzar en la despenalización del aborto tuvo que echarse atrás ante la amenaza del presidente de que dimitirá si se permite la interrupción del embarazo en casos de violación, bajo el argumento de que "la Constitución defiende la vida desde la concepción". 

Su postura no es excepcional, sino más bien mayoritaria entre los dirigentes latinoamericanos que se identifican como socialistas o progresistas. Evo Morales, Cristina Fernández y el difunto Hugo Chávez engrosan la lista de mandatarios con discursos antielección.

Salvo Cuba, Uruguay y México DF (que no los Estados mexicanos), que cuentan con leyes de plazos, en el resto de países persisten legislaciones que, o bien prohíben el aborto en todos los casos, o lo reconocen en algunos supuestos, aunque sin ofrecer garantías para que sea un derecho efectivo. Las iglesias tratan de frenar los avances en países como Brasil y Colombia, mientras que los mandatarios de Chile y Perú no acaban de cumplir sus promesas de garantizar el aborto terapéutico.

En una región marcada por las profundas desigualdades sociales, son minoría las mujeres con posibilidades de acceder a clínicas privadas o a un aborto farmacológico seguro de forma autónoma (mediante el uso de medicamentos legales con efecto abortivo como el Misoprostol). Así, "las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en la pobreza o que tienen baja escolaridad están desproporcionadamente representadas" entre las que mueren o sufren graven complicaciones durante abortos clandestinos, según Amnistía Internacional. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2012 estima que   el 95% de los abortos practicados en América Latina en 2008 fueron inseguros, proporción que no ha cambiado desde 1995.

Frente al conservadurismo de la mayoría de los gobiernos (incluidos los socialistas) y la beligerancia de las iglesias y los lobbies antielección, la sociedad civil y, en concreto, el movimiento feminista, hacen incidencia política a favor de los derechos sexuales y reproductivos, pero también articulan redes de información y de acceso al Misoprostol. El pasado agosto, por ejemplo, la Comisión Económica para América latina y el Caribe convocó a representantes de la sociedad civil de 38 países de la región, en el llamado Consenso de Montevideo, para instar a los Estados a modificar sus normas y garantizar que las mujeres accedan a abortos seguros.

Repasamos la precaria situación del derecho al aborto en buena parte de la región América Latina

Argentina: resistencias a garantizar el aborto no punible

El aborto es delito menos en dos supuestos (desde la reforma del Código Penal de 1921): riesgo para la vida o salud de la madre, "si este peligro no puede ser evitado por otros medios" y "si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". La ley impide abortar a embriones inviables o con malformaciones que fallecerán al nacer.

La Coste Suprema de Justicia avaló en 2012 la 'Guía técnica para la atención integral de los abortos', editada por el Ministerio de la Salud en 2007 y actualizada en 2010, por la que cualquier mujer (no sólo las que tengan discapacidad mental) puede abortar en caso de violación, sin más requisitos que su voluntad (en la guía de 2007 se exigía autorización judicial). Estos avances chocan con las resistencias de la mayoría de provincias; en algunas no se está acatando el fallo y otras aplican protocolos restrictivos. En las cinco que la acataron, los grupos opositores recurrieron a la justicia para obstaculizar su aplicación. En la edición de 2007 se reconocía que cada año mueren 100 mujer a causa de abortos inseguros. Según datos oficiales, han muerto 1.665 mujeres por complicaciones en abortos clandestinos desde 1983 y el 2009.

Argentina arrastra una tradición de presidentes religiosos contrarios al aborto. Menem rechazó incluso los métodos anticonceptivos; De la Rúa no quiso entrar en el debate, Kirchner se desmarcó del discurso a favor de la despenalización de su ministro de sanidad. Cristina Fernández siempre se ha declarado "provida". Su posición dificulta que progrese el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentada periódicamente desde 2007 por la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, que cuenta con la firma de 60 legisladoras y legisladores de todo el espectro político y con adhesiones y pronunciamientos de apoyo de la sociedad civil. El Gobierno se resiste a elevar la guía la rango de resolución ministerial, lo que los colectivos a favor del derecho a decidir han identificado como uno de los principales factores que impiden garantizar la realización de abortos no punibles de forma segura.

Brasil: las iglesias se manifiestan contra los avances

El aborto es ilegal salvo en los supuestos de violación, incesto y peligro para la vida de la madre. Los supuestos no incluyen la malformación del feto, pero en 2012 el Gobierno reglamentó las condiciones para permitir el aborto en caso de anencefalia -ausencia de parte del cerebro-, despenalizado por la corte máxima de Justicia.

El pasado agosto, la presidenta Dilma Roussef, que se presenta como defensora de los derechos de las mujeres, promulgó una ley que obliga a los hospitales públicos a ofrecer la píldora del día después a las mujeres víctimas de violación. Los titulares de los medios conservadores hablaron de "ley que promueve el aborto". Las iglesias evangélicas (se estima que cuentan con 40 millones de fieles en el país, el 22% de la población) convocaron inmediatamente una manifestación "contra el aborto, el matrimonio homosexual (aprobado el pasado mayo) y el activismo gay" al que acudieron 70.000 personas según la organización y 40.000 según la policía militar. Los diputados evangélicos tratan de que se apruebe un Estatuto del no nacido.

En 2009 la Iglesia católica excomulgó a la madre y los médicos de una niña que interrumpió su embarazo, fruto de una agresión sexual por parte de su padrastro.

Chile: una de las legislaciones más restrictivas

El aborto es ilegal en Chile desde 1875; no se permite la interrupción del embarazo bajo ningún concepto, con penas de hasta 5 años de cárcel. El aborto terapéutico se reconoció en ciertos supuestos entre 1931 y 1973, pero la dictadura militar lo eliminó. Durante las dos últimas décadas se han presentado diversos proyectos de ley para recuperar la figura del aborto terapéutico, que no han logrado prosperar.

Entre 160.000 y 200.000 mujeres abortan al año, a escondidas, con miedo a ser detenidas y al desprecio social. Actualmente hay una decena de mujeres en la cárcel por interrumpir su embarazo. Las feministas señalan que el uso del Misoprostol se encuentra extendido entre las mujeres de clase media, estudiantes y las que acceden a información, pero que las más pobres toman cloro, soluciones salinas, plantas o se introducen agujas de tejer y sondas.

El presidente en funciones Sebastián Piñera se declara contrario a la legalización del aborto, esgrimiendo su apuesta por "proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural" y recordando que tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han fallado a favor de proteger la vida del no nacido. Piñera matizó que si la vida de la madre está en riesgo y la intervención para salvarla implica la muerte del embrión, se trataría de una condición excepcional aceptable pero que no considera como aborto. En cambio, se ha expresado contra el aborto en caso de violación: "Supondría condenar a la muerte a seres absolutamente indefensos e inocentes de las circunstancias de su concepción".

Su sucesora, Michelle Bachelet, ganadora de las elecciones presidenciales el pasado 22 de diciembre, se manifestó durante la campaña electoral a favor de "legalizar al menos el aborto terapéutico y en caso de violación", una medida que no implementó durante su anterior mandato, entre 2006 y 2010.

Centroamérica: Foco de injusticias

El Salvador, Honduras y Nicaragua son tres de los seis países que, en todo el mundo, definen como delito el aborto en todos los casos y que sancionan con cárcel tanto a las mujeres como al personal médico que las atienda para interrumpir el embarazo.

El Salvador ha sido noticia por el caso de Beatriz, la joven afectada por lupus y problemas renales, obligada a dar a luz mediante cesárea a un feto con anencefalia, que murió 5 horas después del parto. En la última década al menos 129 mujeres han sido condenadas con penas de entre 20 y 35 años por abortar, dado que por lo general se tipifica la interrupción voluntaria del embarazo como homicidio agravado.

En Nicaragua, el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (cuyo lema es "Nicaragua. Cristiana. Socialista. Solidaria") impulsó en unión con los partidos conservadores la derogación del aborto terapéutico. Durante la contienda electoral de 2011, una niña de 12 años embarazada tras ser violada, y que presentaba síntomas de preeclampsia e hipertensión, fue obligada a dar a luz. Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y responsable de su campaña electoral, utilizó el caso para hacer propaganda antielección, afirmando que ese nacimiento "es un milagro, un signo de Dios".

El artículo 128 del Código Penal en Honduras castiga con penas de tres a seis años de cárcel a las mujeres que produzcan o consientan una interrupción de su embarazo. En 2009 el Congreso aprobó una ley que prohíbe la anticoncepción de emergencia.

Colombia: conservadores contra la despenalización

Una sentencia de la Corte Constitucional en 2006 despenalizó parcialmente el aborto en los casos de violación (entendido como actos sexuales sin consentimiento, abusivos, por incesto y por inseminación artificial no consentida), de peligro para la salud física de la madre y de grave malformación o problema grave de salud del feto.

Esta despenalización fue motivada por el caso de Martha Sulay Gonzalez, una mujer a la que en 2005 le detectaron cáncer de cuello uterino en la cuarta semana de embarazo, y que solicitó la interrupción del embarazo, dado que el tratamiento de quimioterapia es incompatible con la gestación. Se le denegó ante el tratamiento de quimioterapia como el de radioterapia, dado que provocarían un aborto que podría traer problemas legales a los médicos. Para cuando dio a luz, el cáncer había producido metástasis y no admitía tratamiento. Ella siguió exigiendo cambios legales para que su caso no volviera a repetirse, hasta que la Corte Constitucional le dio la razón en mayo de 2006. Murió en junio de 2007.

El Partido Conservador promueve un proyecto de reforma constitucional para prohibir totalmente el aborto. El presidente Juan Manuel Santos, quien no ha dejado clara su postura ante el aborto, contestó que su prohibición no sería una medida de consenso. La Iglesia católica, por su parte, ha propuesto que el 'Día de los Inocentes' no se dedique a hacer bromas sino a rechazar el aborto y recordar a los niños que no han podido nacer.

Ecuador: el ultimátum de Correa

El aborto es delito salvo cuando la vida o la salud de la gestante están en peligro y cuando el embarazo es producto de "una violación a una mujer idiota o demente". La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, presentó el pasado mes de octubre una moción para que las mujeres víctimas de agresiones sexuales pudieran acogerse a ese supuesto, y no sólo aquellas con una discapacidad o enfermedad mental.

El presidente Rafael Correa contestó durante una entrevista en televisión que "si siguen estas traiciones y deslealtades", presentaría su renuncia al cargo y anunció "fuertes sanciones para las asambleístas". Pabón retiró su moción para no evidenciar rupturas dentro del Gobierno, aunque dejó clara su posición: "Aquí no están los traidores compañero presidente con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado". El movimiento feminista respondió responsabilizando al presidente de las muertes por abortos inseguros y llamaron a la desobediencia civil, señalando que quien no reconoce los derechos de las mujeres no se puede considerar revolucionario.

Perú y Bolivia: a la espera de garantías

En Bolivia se permite la interrupción del embarazo en casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, incesto, o cuando la vida de la mujer esté en peligro, en todos los casos siempre que se cuente con autorización judicial.

Evo Morales es uno de los dirigentes socialistas que se opone a la despenalización del aborto, aunque lo expresa de forma ambigua y mostrándose proclive al debate: "No soy experto en temas de aborto, tenemos que debatirlos. Claro, cualquier aborto es un delito, así entiendo, pero de manera oficial quiero decir que (analizaremos) en el gabinete los debates que están sosteniéndose en la opinión pública para que (...) el Gobierno tenga una posición". Realizó estas declaraciones el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Constitucional reconoció que está debatiendo sobre la despenalización, del aborto, debido a un recurso presentado por una diputada que cuestiona los artículos relativos del Código Penal.

En Perú, el aborto es ilegal desde 1924 salvo en el caso de amenaza para la vida de la mujer o un mal grave permanente para su salud. Sin embargo, muchos centros médicos se amparan en la falta de concreción de este supuesto, para negarse a realizar abortos terapéuticos. Un caso emblemático fue el de una adolescente que tuvo que dar a luz a un feto anencefálico que murió pocas horas después.

El presidente Ollanta Humala, durante la campaña electoral tras la que resultó elegido como presidente, recordó que forma parte de un hogar católico y que su partido es "defensor de la vida", pero se mostró partidario de despenalizar el aborto terapéutico, así como de mejorar el acceso a los anticonceptivos y la educación sexual. Sin embargo, en sus casi dos años y medio de mandato, aún no ha cumplido su promesa de desarrollar un Protocolo para el Aborto Terapéutico que permita garantizar ese derecho.

Venezuela: el aborto no es revolucionario

El aborto es ilegal, con penas de 6 a dos años de prisión, salvo en casos de amenaza a la vida o la salud de la mujer. En la última campaña electoral, fue un tema tabú. El diario venezolano Últimas noticias tiró de hemeroteca para recordar que la posición de Hugo Chávez era más conservadora que la de Henrique Capriles. "Soy un defensor de la vida, pero estoy de acuerdo con el aborto terapéutico y cuando hay violencia. En cualquier caso, ésa no es una decisión de los políticos", afirmó el antichavista, mientras que la declaración rescatada del entonces presidente (realizada en 2008 en un acto público) era: "Califíquenme de conservador, pero no estoy de acuerdo con el aborto para detener un parto. Sencillamente nació el niño con un problema, ahora hay que darle amor". Según un estudio realizado en 2007, en Venezuela mueren entre una y dos mujeres a la semana en abortos clandestinos.