miércoles, 2 de octubre de 2013

Honduras: Quieren quitar medida alternativa a la cárcel a dirigente del Copinh

Por Copinh

El Copinh, en el marco del Encuentro del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, expresa su preocupación por el retroceso violento en cuanto al respeto a los Pueblos Indígenas y Negros, sus vidas, territorios ancestrales, hábitat funcionales, cosmovisiones, espiritualidad, culturas, ríos, derecho a la consulta libre, previa e informada. Aprovecha para condenar  una vez más la persecución política y judicial y la criminalización contra nuestra organización, misma que se ejerce por varias vías, entre ellas:

1.- Persecución judicial  contra la compañera Bertha Cáceres y los compañeros Aureliano Molina Villanueva y Tomás Gómez Membreño. Este jueves, una vez más el Juzgado 1ro. de Letras de Intibucá se volvió el despacho de la empresa DESA y de las órdenes del Fiscal General y Adjunto y del Poder Judicial influenciable a favor de los grandes capitales.

En dicho juzgado, a petición de la servil Fiscalía de Intibucá y de los apoderados legales de la empresa, han citado a nueva audiencia a los abogados defensores para pedir modificación a las medidas sustitutivas del compañero Aureliano Molina. Piden que la jueza Lissien Lisset Knigth dicte, al igual que lo hizo con la compañera Bertha Cáceres, prisión preventiva, aduciendo que el compañero Aureliano Molina violentó esas medidas sustitutivas. 

El Copinh desmiente esta aseveración de la parte acusadora, ya que en ningún momento el compañero visitó los lugares de los supuestos “hechos” que se le atribuyen. Estas medidas sustitutivas han sido respetadas por los compañeros bajo los mismos detalles e instrucciones de la jueza. De esa visita a Río Blanco son testigos varios sacerdotes católicos, la delegación de derechos humanos encabezada por la reconocida defensora Nora Cortiñas de la organización Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora de Argentina, y hasta por el mismo comisionado de Policía Marthel, asignado a las operaciones combinadas en las instalaciones del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca.

El mismo día 21 de septiembre, el comisionado Marthel quien ya tenía a mano la resolución judicial, entabló diálogo con las delegaciones y con el mismo Aureliano Molina, reconociendo que efectivamente el compañero Aureliano Molina no había violentado las  medidas sustitutivas. Subsiguientemente, la delegación, junto con el compañero Aureliano, regresaron hacia Santa Barbará.

2.- A través de  las operaciones militares y policiales  en el territorio Lenca de Río Blanco, continúa la represión y el hostigamiento permanente de parte de los empleados y asalariados de la empresa DESA, quienes se hacen pasar por “líderes” de la zona. Denunciamos que nunca las comunidades Lencas de Río Blanco, ni de la Zona Norte de Intibucá han pedido presencia militar, ni  operaciones policiales, ni agentes de inteligencia ya que solo han significado muerte, represión y campañas que intentan intimidar y criminalizar al Pueblo Lenca.

3.- Que en la resolución con la que se dictó orden de desalojo para las mismas comunidades Lencas de su mismo territorio ancestral, solo confirma una vez más el avasallamiento de la jueza Lissien Knigth y del Poder Judicial ante los capitales empresariales y transnacionales. Se trata de una acción violadora de los más elementales derechos humanos del Pueblo Lenca de Río Blanco, pretendiendo con ello validar la privatización por más de 30 años del sagrado Río Gualcarque, así como la invasión, usurpación, agresión, militarización, asesinatos, la coacción y los daños históricos ocasionados por varios actores, entre ellos las empresas Desarrollos Energéticos SA (DESA) y SINOHYDRO, el Ejército, el Ministerio Público, SERNA, SEDINAFROH, la SAG, la Policía, sicarios, agencias privadas de seguridad, las alcaldías de Intibucá, Zacapa, San Francisco de Ojuera, el Poder Judicial y toda la maquinaria del Gobierno. También hay que agregar la banca internacional que financia a DESA, desconociendo y violando  las disposiciones, políticas y la legislación indígena a nivel nacional e internacional.

4.- El
Copinh manifiesta que la autodeterminación y los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas están consagrados en el derecho establecido en Honduras y a nivel global. Bajo ese precepto, el Pueblo Lenca organizado en el Copinh continúa contrario a los deseos de DESA y los demás capitales asesinos, en el proceso de RESISTENCIA A NIVEL GENERAL EN TODA LA REGIÓN LENCA, defendiendo sus territorios ancestrales, ríos amenazados de ser privatizados, así como su espiritualidad, su cultura, contra la  privatización de bosques, la explotación minera, y los demás proyectos de saqueo y colonización.

5.- El
Copinh llama al Pueblo Lenca y demás pueblos hermanos a redoblar la organización, la movilización, el control y levantamiento territorial, a la defensa y reivindicación de títulos legítimos del Pueblo Lenca, a la revitalización de nuestra espiritualidad ancestral y nuestras culturas vivas, a luchar contra todas las formas de dominación y violencia, a redoblar la unidad en acción, por la propuesta Refundacional, las resistencias múltiples y en diversidad y  la articulación como tareas prioritarias para el movimiento indígena, negro, popular y antipatriarcal.

6.- Llamamos a la solidaridad nacional e internacional, igualmente a multiplicar aún más la construcción militante de la vida, la esperanza, la dignificación humana, por la justicia y respeto a los Pueblos Indígenas y Negros de Honduras, por la justicia climática, social, económica, histórica, política, a las mujeres, defendiendo la solidaridad.

No dejemos de soñar, de caminar con esperanza por una Honduras con justicia y dignidad,  soberanías y autodeterminación, en la creación de la solidaridad y la lucha justa.