sábado, 28 de septiembre de 2013

28 de septiembre: Día por la despenalización del aborto

Por www.28deseptiembre.org

Hoy 28 de Septiembre se celebra el día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en este marco surge la campaña llamada: Aborto legal y seguro, una cuestion de derechos, una cuestión de democracia, en la que varias organizaciones de mujeres estan realizando en este mes en curso actividades en varios países de América Latina para defender el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y promover la separacion de iglesia y el estado, intentando así incidir en la formación de sociedades laicas y plurales.

En ocasión a esto, la Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro desplegada en todo el mes de Septiembre ha realizado y sigue realizando acciones por defender los derechos humanos de las mujeres, los eslogans para la campaña de este año que son: "Aborto legal y seguro: una cuestión de derechos, una cuestión dedemocracia" y "Despenalizar aborto. Mujeres y proveedores de aborto seguro: libres de prision".

Las actividades se enmarcan en la búsqueda de derecho humanos de las mujeres de América Latina y el Caribe y la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Libertad para Teresa

En ocasión del Llamado a la Acción 2013, esta desarrollando una movilización internacional a favor de la liberación de Teresa joven salvadoreña, madre de un niño de 8 años quien en 2011 tuvo una pérdida espontánea de embarazo. La fiscalía la acusó de homicido agravado. Fue sentenciada a 40 años de cárcel.

Si quieres contribuir, firma la petición en línea. [http://www.avaaz.org/es/petition/Li... ]

LLAMADO A LA ACCION: 28 de septiembre de 2013

En siete países de América Latina y el Caribe (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana), el aborto está totalmente prohibido y penalizado. En la mayoría de los otros países de la región, donde la interrupción del embarazo está permitida bajo algunas circunstancias, las autoridades no garantizan su acceso de forma segura, gratuita y libre de estigma.

Muchas mujeres se ven conminadas a recurrir a la interrupción del embarazo en la clandestinidad, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. El 95% de los abortos que se realizan en América Latina y el Caribe son inseguros[1] y aproximadamente 11% de las muertes maternas ocurre como consecuencia de abortos inseguros. Cabe destacar que más de un millón de mujeres y niñas son hospitalizadas cada año para recibir tratamiento por complicaciones que surgen como producto de aborto inseguro[2]. Estas cifras parecen carecer de importancia para las autoridades que dejan de lado o rechazan debatir y legislar sobre esta situación, en base a una falsa o doble moral sustentada en supuestos dogmas de fe.

La penalización del aborto afecta especialmente a mujeres jóvenes, pobres y que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues son ellas quienes interrumpen sus embarazos bajo condiciones de alto riesgo. En este sentido, la penalización constituye un tema de injusticia social que fomenta y profundiza las raíces de la discriminación por razones económicas, étnicas, de raza, de clase y condición migratoria, entre otras.

También afecta a las y los profesionales comprometidos con los derechos de las mujeres, al restringirles obligaciones con relación al derecho a la sexual y salud reproductiva de las mujeres.

En países y gobiernos que se dicen democráticos, es inaudito que las mujeres no puedan ejercer el derecho a decidir cuándo pueden o no ser madre, que tengan embarazos forzados, muchas veces producto de violaciones sexuales y que eso no sea lo condenable.
Las mujeres son ciudadanas libres, ética y moralmente responsables, dueñas de sus decisiones y sus vidas, por tanto, los Estados están en la obligación de garantizarles el ejercicio de sus derechos y de cubrir sus necesidades sin criminalización, persecución o negación de servicios de aborto seguro.

Este 28 de septiembre reafirmamos de manera contundente que el aborto legal y seguro es una cuestión de derechos y por tanto, una cuestión de democracia, y que, el aborto ilegal constituye una forma de violencia estatal.

Posición de la Colectiva Mujer y Salud frente a los escándalos de pederastia sacerdotal

La organización Colectiva Mujer y Salud que funciona en República Dominicana impulsa actividades en contra de la pederastia que arropa a la Iglesia católica y hace un llamado a las autoridades civiles, a los medios de comunicación y a la opinión pública para que no permitan que estos casos queden impunes. Hay buenas razones para temer que esto pueda ocurrir, vistos los precedentes de impunidad en casos similares y el comportamiento exhibido hasta ahora por las autoridades civiles y eclesiásticas.

Desde el caso del albergue de San Rafael del Yuma en Higuey, si no mucho antes, hemos visto a la Iglesia católica hacer todo lo que esté a su alcance para ocultar los abusos sexuales imputados a sacerdotes; la hemos visto obstaculizar investigaciones policiales y judiciales, presionar a medios de comunicación para que le bajen el perfil a sus reportajes, e interferir con denunciantes y testigos mediante chantajes, presiones y sobornos. Todo esto está ocurriendo ya con los casos de los curas de Bonao, Juncalito y Constanza, y con el Nuncio papal.

En el fondo del asunto está la convicción milenaria de la Iglesia de que ella está por encima de las autoridades “terrenales” y que sólo tiene que responder ante la justicia “divina”. Por eso su anacrónica política institucional establece que los curas que cometan crímenes sean procesados por las autoridades religiosas de acuerdo a las leyes canónicas y no por las autoridades civiles de acuerdo a las leyes penales, como corresponde a cualquier ciudadano en una sociedad democrática.

Los escándalos de pederastia sacerdotal y las dudas en torno al accionar de las autoridades civiles colocan nuevamente sobre el tapete el tema del Concordato y la necesidad urgente de derogar esa rémora trujillista. El Concordato no puede seguir siendo marginado del debate nacional sobre democracia, constitucionalidad y transparencia, siendo cada vez mayor el número de voces que se suman a este reclamo. Si de verdad quieren que el Poder Judicial actúe con libertad y dé a los sacerdotes implicados en actos criminales el mismo tratamiento que por ley corresponde a cualquier ciudadano, primero hay que eliminar los privilegios jurídicos, políticos y económicos que actualmente protegen a la Iglesia.

La Colectiva Mujer y Salud reconoce la valentía de las familias que han tomado la decisión de denunciar a los curas violadores y que se mantienen firmes a pesar de las fuertes presiones y ofertas de dinero que reciben (¿cuánto del dinero utilizado para acallar los reclamos de las víctimas proviene de los subsidios estatales establecidos en el Concordato y pagados de los bolsillos de todos los contribuyentes, incluyendo los de las familias de las víctimas?). Hacemos un llamado a otras víctimas de pederastia sacerdotal y a sus familiares para que también denuncien los abusos sufridos y exijan a las autoridades sanciones ejemplares contra los responsables.

La experiencia de cinco décadas de impunidad post-trujillista ha demostrado el enorme costo social y político que esto ha supuesto para la nación dominicana. No permitamos que las mismas complicidades se sigan utilizando para proteger a hombres detestables que violan niñas y niños.

[2] Ipas, Asegurando el acceso de las mujeres latinoamericanas a los servicios de aborto seguro: Una estrategia clave para lograr los objetivos de la CIPD y Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, EE.UU, 2009, pág. 3.