lunes, 12 de octubre de 2009

Los golpistas no tienen ninguna intención de dialogar

Imponen agenda, suben el nivel de represión y apuntan a postergar una solución a la crisis

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

Pese a la información que está circulando a nivel nacional e internacional según la cual habría un satisfactorio avance en el diálogo entre la delegación de Roberto Micheletti y la del presidente Manuel Zelaya, esa última integrada también por un miembro de la Resistencia, lo que se percibe muy claramente es que el gobierno de facto no tiene ninguna intención de buscar una salida a la crisis que desde hace más de tres meses está postrando al pueblo hondureño.

En este momento resulta difícil entender si el juego al que está jugando el gobierno de facto es montar ese gran show mediático del diálogo para legitimar las elecciones del próximo 29 de noviembre, arriesgándose a enfrentarse nuevamente a la comunidad internacional que sin embargo sobre este tema ya parece estar dividida, o si apunta a encontrar las excusas necesarias para que Roberto Micheletti se quede por más tiempo en el poder, arrinconando al presidente Manuel Zelaya y a la misma Resistencia con una presión y represión que en estos últimos días ha subido de manera desmedida, burlándose de las recomendaciones de la OEA.

Según el asesor para Honduras del secretario general de la OEA, John Biehl, “Elecciones que tengan lugar sin el presidente Manuel Zelaya tendrían probablemente que ser altamente militarizadas, con un alto grado de violencia, lo que significaría que el próximo gobierno sería desconocido por una enorme mayoría de países y continuaría el aislamiento de Honduras”.

No obstante, después de 106 días del golpe de Estado no se han visto medidas serias y efectivas de la comunidad internacional para que se revierta este ataque a la democracia nacional y del continente latinoamericano.

Más bien el gobierno de facto ha logrado que se le reconociera como contraparte, ha monopolizado la agenda del diálogo poniendo todo tipo de condiciones, y ha logrado que la participación de la OEA fuera una simple pasarela de Cancilleres sin ningún tipo capacidad coercitiva.

En el documento final presentado por la delegación de la OEA, se aclaraba que para desarrollar un verdadero diálogo era necesario el “restablecimiento y permanencia de todas las garantías constitucionales, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento hubiera sido interrumpido, resolver la situación en la embajada de Brasil y que se le debe garantizar al presidente Zelaya condiciones de vida y de trabajo acordes con su alta dignidad”.

El Frente Nacional Contra el Golpe de Estado secundó estas demandas y condicionó el desarrollo del diálogo al cese de cualquier tipo de represión.

Lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas ha sido todo lo contrario.

Vergonzosa intimidación

La derogación del vergonzoso Decreto Ejecutivo nunca fue publicada en la Gaceta Oficial y siguen suspendidas las garantías constitucionales. Esa medida ha permitido nuevas y constantes amenazas y represiones contra el pueblo en resistencia, debilitando sensiblemente su capacidad de movilización.

El pasado 9 de octubre la Policía reprimió brutalmente a una movilización del Frente Nacional Contra el Golpe de Estado usando gases lacrimógenos y chorros de agua mezclada a productos químicos altamente urticantes. Las personas fueron perseguidas por más de una hora y dispersadas pese a su firme voluntad y capacidad de reagruparse y volver a protestar cada vez que eran reprimidas.

Un día después, la Policía amenazó con desalojar un pacífico acto cultural en la colonia Hato de En medio, en Tegucigalpa, obligando a la gente a no bajar de la acera.

El 10 de octubre, el gobierno de facto publicó en la Gaceta Oficial un nuevo decreto en el que otorga la potestad a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de “revocar o cancelar permisos o licencias a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como un régimen de anarquía social en contra del Estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos”.

Con esta medida se perfila el cierre definitivo de Radio Globo y Canal 36, y crea un instrumento legal para cerrar todos aquellos medios locales e independientes cercanos a la Resistencia.

Durante las noches del 9, 10 y 11 de octubre, la embajada de Brasil ha sido objeto de una verdadera estrategia de desgaste psicológico. El presidente de facto Micheletti rechazó el pedido de la OEA y de la misma Resistencia de desmilitarizar la zona y dar mejor trato a las personas que están encerradas en este lugar.

Más bien la presencia de militares ha aumentado con pinzas en las carreteras y con fuertes contingentes a pocos metros del portón principal de la embajada. Han aumentado las restricciones para la entrada de alimento, ropa y productos para la limpieza personal y la embajada está permanentemente alumbrada con dos enormes focos.

Ha sido puesta una grúa con una plataforma en la que permanecen militares fuertemente armados observando el interior de la embajada, y una escalera en la parte de atrás. Además, se han visto salir camiones cargados de desechos y tierras de un edificio colindante, que podría significar el inicio de la excavación de un túnel.

Difícil, o más bien imposible, desarrollar un diálogo en estas condiciones. Es indispensable que la comunidad internacional intervenga de inmediato para no legitimar algo que cada día se parece más a una burla para el mundo entero y un peligroso ejemplo para las democracias latinoamericanas.

Resistencia: 15 de octubre, fecha fatal

La Resistencia y el mismo Zelaya han puesto como “fecha fatal” el 15 de octubre para que se restituya al Presidente. Por el momento los avances han sido nulos, ya que los puntos del Acuerdo de San José donde hay consenso entre las partes –creación de un gobierno de reconciliación nacional, no a la amnistía para los delitos políticos y a un adelanto de las elecciones y el rol de las Fuerzas Armadas durante el proceso electoral– no tienen sentido sin un acuerdo sobre la restitución de Zelaya y la Asamblea Constituyente.

En este sentido, el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado ya dejó en claro que está dispuesto a firmar las actas que se refieren a cada punto, sólo y cuando se le agregue una nota en la que se expresa que tendrán validez solamente si se llega un acuerdo integral que incluya estos dos puntos mencionados.

En estas condiciones, es muy probable el fracaso de esta pantomima y un recrudecimiento de la crisis a nivel nacional y de la represión.



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